Diseño colaborativo de servicios públicos #INAPGobiernoAbierto

Reto 4, curso INAP 

"Fundamentos del Gobierno Abierto" - experiencia de aprendizaje dinamizada

Paso 1. Identificar el proyecto: Tarjetas de estacionamiento de movilidad reducida para personas con discapacidad.

Paso 2. Identificar a los actores: Personas con discapacidad (dentro de ellas, con movilidad reducida acreditada y con reducción visual acreditada), asociaciones de personas con discapacidad y de sus familias, federaciones y fundaciones del ámbito de la discapacidad, técnicos de servicios de tráfico, técnicos informáticos, gestores de sedes y plataformas de administración electrónica, personal de atención al público y gestión y tramitación de tarjetas.

Paso 3. Generar un proceso participativo, empezando por presentaciones y encuestas a actores implicados, así como al personal de atención al público y tramitación, sobre las posibles mejoras y modificaciones del proceso de solicitud, tramitación, emisión y entrega de tarjetas, así como sobre el modelo de tarjeta. También sobre las modificaciones necesarias en el Decreto autonómico que regula la tarjeta, como en las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.

Igualmente se les consultaría una serie de propuestas de mejora, tales como el material y forma que se le podría dar a nuevas tarjetas (tamaño carnet o actual, material duro en vez de cartón, conversión a tipo carnet DNI/conducir, etc), mejor forma de entrega (envío a domicilio, recogida en asociaciones de las que formen parte, entrega conjunta con carnet identificativo de persona con discapacidad, sistema actual de recogida presencial en ayuntamientos, etc), representación para recogidas, automatización de la recogida previa de firma, etc.

Con esas ideas iniciales, más la consulta de propuestas, se podrían generar dinámicas participativas (presenciales y en línea) para ponerlas en común y esbozar las mejoras posibles en los sistemas, procesos y normativas, así como el diseño de una nueva tarjeta.

Los servicios autonómicos y municipales, en coordinación, y  la información recogida de estos procesos, podrían proponer un listado de mejoras y modificaciones normativas, para iniciar los pasos señalados en la Ley 39/2015 en cuanto a la modificación de regulaciones y normativas propias, de cara a formalizar el proceso y proceder al inicio del cambio de regulación y recoger en la misma las mejoras propuestas generadas y recibidas, y que se haya convenido su inclusión. 

Cada administración realizaría las consultas previas de necesidades, borrador, así como el proceso de de información pública, y las alegaciones a la aprobación inicial, para, en su caso, aprobar definitivamente las nuevas ordenanzas municipales y, en el caso autonómico, el nuevo Decreto, que debería quedar aprobado en primer lugar, para que las normativas locales en sus textos definitivos estén debidamente actualizadas y coordinadas con la regulación superior.